Aplica PEI fuerza policíaca en desalojo

Aproximadamente a las 13:20 horas del viernes 06 de diciembre, decenas de vecinos y transeúntes que coincidieron en la confluencia del Callejón Filipinas y calle Galeana, vivieron momentos de angustia y asombro ante la violencia física ejecutada, pero sobre todo experimentaron sentimientos de indignación e impotencia al presenciar la aplicación de la fuerza policíaca en grado exacerbado. Cerca de 30 patrullas de la Policía Estatal Investigadora situaron el lugar, la capilla de Guadalupe se hizo pequeña al atestiguar la presencia de más de 50 elementos estatales, quienes, dijeron, sólo obedecían órdenes de un agente del Ministerio Público. Los PEI acudieron a este lugar a salvaguardar el orden ante la ejecución de una orden de desalojo de un solar en disputa, pero los afectados se opusieron a acatar la disposición que les despojaba de lo que aseguraron les pertenecía, según explicó el abogado Luis Enrique Leyva Velderrain, defensor de los ocupantes del mencionado terreno. A consecuencia de esta acción, el litigante manifestó que los afectados presentaron una querella por daños y falsedad de declaraciones el día 9 de mayo del presente año ante la Juez Primera del Ministerio Público, averiguación que no se le dio seguimiento y paso a engrosar los casilleros del archivo muerto. El sentimiento de que estaban siendo pisoteado en sus derechos y con la inminente detención del señor Humberto Sosa García, padre de algunos de los afectados, estos decidieron manifestar una férrea oposición al desalojo, por lo que empezaron los alegatos y empujones entre ellos y los policías estatales. Desde luego que los PEI superaban en mucho a los manifestantes, sin embargo no fue fácil someterlos y usaron fuerza desmedida en número y acción para poder lograr esposarlos y luego conducirlos hacia la unidad policíaca 1370, en la que fueron prácticamente hacinados los detenidos. Uno a uno los opositores al desalojo fueron empujados hasta las patrullas de la PEI y cuando parecía que la múltiple aprehensión había terminado, repentinamente otros elementos estatales conducían detenido y esposado al abogado defensor, quien fue obligado a ocupar un lugar en el piso de la unidad policíaca. Entre los testigos oculares, no faltó quien quiso grabar en su celular el movimiento registrado, pero en la pena llevaron el castigo, tal como sucedió con un menor de nombre Andrés Tamayo, quien fue sometido a la fuerza y despojado de sus teléfonos, igual sucedió con otro espectador aún no identificado, mismo que fue trasladado a bordo de la unidad número 39. Luego de que finalmente concluyó la detención, se presentó el Químico Alejandro Salguero Guerra, quien aseguró que la acción de desalojo fue legal y que él compró hace dos años el mencionado terreno al propietario heredero, Jesús Campoy García. Tal vez la legalidad asista al Químico Salguero y que la orden de desalojo se justifique dentro de los preceptos apegados a derecho, pero lo condenable son las formas en que se procedió contra los desalojados, al menos que deseen apoyarse en la sentencia popular de que el fin justifica los medios.