Sale la SEIDO de la investigación del caso Ayotzinapa

Se dio a conocer que el Gobierno de México firmó un acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos en el que se determinó que a partir del 22 de octubre, la investigación de la desaparición y búsqueda de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa corresponderá a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR y no a la SEIDO. Durante la audiencia, los expertos hicieron un resumen del informe que presentaron hace unos días y destacaron el relanzamiento de la búsqueda de fosas con el uso de tecnología satelital. Se ha decidido relanzar la búsqueda con las autoridades competentes, con las líneas señaladas por el GIEI incluyendo el uso de la tecnología, el mapa de fosas y otros lugares identificados, estableciendo una ruta de acciones acordada con los familiares, señaló Ángela Buitrago, investigadora. Representantes de los organismos peticionarios de derechos humanos presentaron un video de los familiares de las víctimas, en donde solicitan la permanencia indefinida de los expertos en México. Para mí es bien importante, y yo creo que para todos mis compañeros padres de familia, es bien importante que los expertos sigan aquí en este país de México indefinidamente porque, bueno nosotros tenemos mucha confianza en ellos, en que ellos nos van a ayudar, comentó uno de los familiares. Tanto los peticionarios como los expertos solicitaron al Gobierno de México que se les permita interrogar a integrantes del 27 batallón de la Secretaría de la Defensa Nacional. El subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa respondió: Reiterar lo que respondimos ya de manera formal como comenzamos a hacerlo ya, de hecho, en alguna de las últimas conversaciones. Para revisar y analizar cuál puede ser el contenido y el formato de una diligencia con esas características. En la audiencia estuvieron los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes; representantes de organismos peticionarios de derechos humanos; y una representación del gobierno de México, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa y del subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos.