La investigación por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, estuvo plagada de presuntas ilegalidades, según un informe de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, el cual fue enlatado y desechado oficialmente.
Fuentes del Gobierno Federal admitieron que existe la posibilidad que la investigación sea controvertida en Tribunales internacionales y queden en libertad los detenidos porque se violó la ley.
En el expediente se documenta que hubo tortura a testigos y presuntos implicados, se realizaron diligencias fuera de la ley en el río Cocula, donde supuestamente hallaron cenizas de los cuerpos de los estudiantes, y hay contradicción en las actuaciones de los ministerios públicos.
En el documento se destaca que el presunto responsable Agustín García Reyes fue llevado al río en un helicóptero Bell-412, matrícula XC-JBX, sin su abogado, como obliga la ley.
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