La medida anunciada por los ayuntamientos de Mazatlán y Culiacán, de exigir a las personas el certificado de vacunación para el acceso a establecimientos públicos, pudiera ser una atribución que no es facultad de los municipios, así lo consideró la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por lo que manifestó que cada autoridad se debe de apegar a lo que la ley y la constitución establecen.
José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa, dijo que la ley en materia de salud es muy clara sobre las instancias que están encargadas de dictar los lineamientos, acciones y medidas para prevenir, contener y atender en este caso específico la contingencia sanitaria por covid 19 en todo el país y entre estas instancias los municipios solo son coadyuvantes.
Por su parte la comisión de defensa de los derechos humanos manifestó que esta medida, violenta el pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales a los que México esta adherido, por lo que se tiene que ser muy cuidadoso con las medidas que se establecen en momentos de desesperación como dijo es el caso de estos dos municipios que han adoptado estas acciones.
Loza Ochoa admitió que se está ante una situación extraordinaria por la contingencia que atraviesa el país, pero no se puede justificar medidas que en primer instancia ni siquiera son facultad de la autoridad municipal.
