Periodistas y representantes de organismos de defensa de los derechos humanos en Sinaloa, participaron en el parlamento abierto, realizado este viernes por el congreso del estado, donde se plantearon algunas propuestas para conformar una ley estatal de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
La presidenta de la Asociación de periodistas 7 de Junio, María de los Ángeles Moreno, resaltó que es urgente la protección de periodistas ante el creciente número de asesinatos de comunicadores en el país, dijo que es necesario y apremiante que el congreso del estado legisle y apruebe una iniciativa que ya viene desde la anterior legislatura y que ha sido suficientemente discutida y socializada.
Por su parte el presidente de la comisión de defensa de los derechos humanos en Sinaloa, Leonel Aguirre Meza, expuso que esta ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos debe de ser integral, considerar mecanismos de protección efectivos y eficientes, que se establezca un mapa de riesgo real y no solo basado en las estadísticas de muerte de periodistas, además señaló que se requiere la creación de un Instituto con autonomía jurídica y presupuestal, de no ser con visión integral todo quedaría en mera simulación.
Juan Manuel Partida, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, fue crítico al señalar que es urgente que desde el gobierno federal se deje de alentar un linchamiento contra el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, dijo que los periodistas no son mas que cualquier otro ciudadano, pero tampoco menos y también tienen el derecho a su seguridad personal, por lo tanto el gobierno tiene la obligación de aplicar los mecanismos efectivos de protección que la ley establece.
El diputado Feliciano Castro, presidente de la Junta de Coordinación Política del congreso del estado, señaló que la 64 legislatura tiene la firme intención de sacar adelante una iniciativa que atienda la necesidades que requiere el ejercicio periodístico, la defensa y la promoción de los derechos humanos, en el aspecto de la seguridad, que se garantice la libertad de expresión, que se establezcan los mecanismos de protección efectivos y que atienda también el aspecto laboral, las condiciones en las que se ejerce el periodismo y las garantías para el desarrollo profesional de las y los periodistas.
