En diciembre de 2019 el Congreso de la Unión reformo la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato, y en septiembre de 2021 se expidió la Ley reglamentaria de la fracción IX del artículo 35 Constitucional que regula dichas figuras.
El artículo 5 de esta Ley establece: “El proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.”
En la democracia representativa, los representantes y gobernantes son elegidos por los ciudadanos y estos gobiernan por un periodo específico de tiempo.
Si en el transcurso de este periodo, los ciudadanos perciben que un gobernante no está cumpliendo adecuadamente con sus propuestas de campaña o responsabilidades de su cargo, se le puede revocar el mandato con el acuerdo de una cantidad de votantes y en un proceso promovido desde la ciudadanía.
La democracia participativa y figuras como el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato, como derechos políticos fundamentales que deben tener los ciudadanos en un régimen democrático, son añejas demandas de la Izquierda Histórica de este país.
En esta concepción teórico-práctica, radica nuestra inconformidad con el actual ejercicio de revocación de mandato, por resultar violatorio al derecho político natural y exclusivo de los ciudadanos de apoyarse en esta figura para iniciar algún proceso de destitución contra los malos gobernantes.
Estamos de frente a una negación permanente al espíritu democrático y de lucha, de cientos de compañeros y compañeras de la Izquierda mexicana que dieron su vida por tener un país más democrático, justo e igualitario.
Estas acciones, demuestran una clara y sistemática violación al citado artículo 5 y al principio de legalidad, por la intervención de funcionarios públicos y la utilización de recursos públicos de manera indebida en la promoción de la farsa de revocación de mandato.
Por ese motivo, nuestro partido el día de ayer martes 5 de Abril, interpuso una denuncia ante la Secretaria de la Función Pública contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, General Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional y al contralmirante Gabriel García Chávez por corrupción y uso indebido de recursos públicos para para apoyar la campaña de acuerdo al interés del partido-gobierno.
Los actos realizados el fin de semana por estos funcionarios y la utilización de recursos públicos en actividades ajenas al interés público en beneficio de particulares y del partido político morena, son contrarios a la ley.
No es correcto que quienes hoy gobiernan y que en el pasado compartían con nosotros la lucha por fortalecer los valores democráticos, hoy se conviertan en los principales transgresores de la ley.
Los que antes de ser gobierno luchaban en contra del viejo régimen y sus prácticas clientelares, corruptas y mañosas, hoy están resultando peor.
Queremos dejar claro que nuestra posición de no participar en la consulta pública de revocación de mandato, convocada para este próximo 10 de abril, obedece a que se está desvirtuando el derecho natural y exclusivo que tienen los ciudadanos de promover esta figura para iniciar algún proceso de destitución contra los malos gobernantes.
No son los ciudadanos los que están haciendo uso de este su derecho, es el afán del culto a la personalidad del Presidente de la Republica lo que prevalece y no contribuye en nada al fortalecimiento de la democracia participativa, por el contrario, provoca desencanto. La ausencia de ciudadanos en este tipo de ejercicios también es una forma de manifestar su rechazo.
