Con el objetivo de reforzar la seguridad en los planteles educativos y castigar con mayor severidad los robos que afectan a la comunidad estudiantil, el diputado Sebastián Orduño Fragoza (Morena) presentó una iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley de Seguridad Pública.
El legislador destacó que el robo en escuelas representa un problema creciente que vulnera el derecho a la educación y afecta tanto a estudiantes como a docentes. Por ello, su propuesta establece penas más estrictas y medidas preventivas que contribuyan a erradicar estos delitos.
De acuerdo con la iniciativa, se impondrá una pena de prisión de seis a quince años, además de una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien sustraiga bienes muebles destinados al funcionamiento de los planteles educativos.
Asimismo, en caso de que el robo se cometa con violencia, la sanción aumentará en dos terceras partes. Y si la persona responsable es reincidente, la pena podría extenderse hasta veinte años de prisión.
La propuesta también contempla penalizar la comercialización, posesión o recepción de bienes robados a instituciones educativas cuando exista conocimiento de su procedencia ilícita. En estos casos, se impondrá una pena de tres a siete años de prisión, una multa de quinientas a mil UMA, y la obligación de restituir los bienes sustraídos.
Además de fortalecer el marco legal, la iniciativa plantea medidas preventivas, ordenando a la Secretaría de Seguridad Pública la implementación de un programa de vigilancia especial en las inmediaciones de los planteles educativos.
