Como parte de la estrategia para acelerar el Plan México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este jueves las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como a la Ley de Obras Públicas, con el objetivo de dar mayor trazabilidad a los procesos, agilizar contrataciones y fomentar la producción nacional.
“La meta es erradicar posibles actos de corrupción, acortar tiempos burocráticos en la ejecución de obras y fomentar el consumo de lo hecho en México”, afirmó la mandataria. Sheinbaum explicó que actualmente, muchas obras públicas se ven retrasadas debido a la complejidad de los concursos y procesos administrativos, lo que impide aprovechar oportunamente los recursos asignados.
Por su parte, la secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que los principales cambios a la Ley de Adquisiciones incluyen:
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Incorporación de nuevas modalidades como subasta inversa, adjudicación directa con estrategia de negociación y diálogos competitivos.
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Fortalecimiento de compras consolidadas y acuerdos marco para obtener mejores precios.
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Establecimiento de un contenido nacional mínimo del 65 % en lo adquirido por el gobierno, para impulsar cadenas productivas locales.
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Apoyo a PyMES y cooperativas, con mecanismos como anticipos, pronto pago, y licitaciones exclusivas.
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Evolución del sistema CompraNet, que incluirá una Tienda Digital para facilitar el acceso de proveedores.
En cuanto a la Ley de Obras Públicas, los cambios propuestos permitirán:
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Realización de diálogos estratégicos entre gobierno y sector privado para mejorar propuestas y precios.
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Implementación de investigaciones de mercado y responsabilidad solidaria para supervisores de obra.
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Reducción de tiempos de contratación en hasta una tercera parte, lo que permitirá ejecutar obras más rápido.
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Preferencia por la contratación de empresas locales, con el fin de fortalecer las economías regionales.
Además, se busca cerrar la puerta a casos de corrupción como el de la “Estafa Maestra”, mediante la limitación de subcontrataciones a un máximo del 49 %, aun en los casos donde se permite la contratación directa entre entes públicos.
Con estas reformas, el Gobierno Federal busca modernizar y transparentar los procesos de adquisiciones y obras públicas, además de alinear sus compras a una política industrial que priorice la producción nacional y el desarrollo económico del país.
