Integrantes del colectivo Tendedero de Deudores Alimentarios Mazatlán denunciaron frente a la instalaciones del Poder Judicial, la lentitud y las irregularidades que enfrentan madres de familia en los juzgados locales para acceder a sentencias y cumplimiento de pensiones alimenticias, así como en casos relacionados con violencia vicaria.
Durante la manifestación, Teresa, denunciante y cofundadora del colectivo, señaló que los trámites pueden tardar entre tres y diez años, lo que deja en vulnerabilidad a niños, niñas y adolescentes que requieren seguridad económica.
Comentó que en la actualidad, dentro del colectivo muestran que aun con pruebas de violencia física y psicológica, las sentencias pueden demorarse más de seis años.
El colectivo acusa que, además de la falta de jueces y personal, se presentan actos de corrupción, como el pago de sobornos a actuarios para retrasar o acelerar el proceso judicial.
Resaltaron que mientras los juicios se prolongan, son las madres quienes deben cubrir solas los gastos de alimentación, educación, medicinas, terapias y útiles escolares.
Además, hicieron un llamado a que se valide y actualice el padrón de deudores alimentarios en Sinaloa, a que se contrate más personal en los juzgados y se reduzcan los costos de trámites y copias de expedientes, que pueden superar los mil pesos en casos de larga duración.
