La diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa reconoció que, aunque se ha avanzado en el fortalecimiento de políticas públicas y en la asignación de recursos para la búsqueda de personas desaparecidas, la deuda con los colectivos sigue siendo grande, sobre todo en materia de seguridad y acompañamiento.
Resaltó que en la actualidad existen comisiones y apoyos federales que canalizan recursos a las familias, así como inversiones estatales en laboratorios forenses y en movilidad de los colectivos. Sin embargo, admitió que estos esfuerzos aún no son suficientes para responder a la magnitud del problema en Sinaloa.
Mencionó que otro de los retos en los que se tienen que trabajar son en materia de seguridad en los hospitales y clínicas de la salud, ya que debido a la ola de violencia en Culiacán, paramédicos, personal médico, pacientes y familiares de los pacientes han sido víctimas de ataques del crimen organizado.
Señaló que la situación se trata de una guerra entre grupos criminales que han roto todos los códigos, por lo que su obligación como servidores públicos es garantizar que los hospitales sean espacios seguros.
Por último, reiteró la empatía hacia las familias de personas desaparecidas y hacia el personal médico que enfrenta riesgos por la violencia, al tiempo hizo un llamado a no retroceder en la coordinación interinstitucional.
