Día de la Mujer: Retos para brindar seguridad y justicia plena

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, día para celebrar por algunos o para conmemorar para otros, pero sin lugar a dudas, una fecha que obliga hacer un alto, al destacar la violencia de la cual ha sido objeto. "Creo que este 8 de marzo hay que conmemorarlo pues levantando las banderas que faltan, esas banderas de justicia y dignidad para que las mujeres que han sido asesinadas, esos actos verdaderamente terribles no se sucedan más". Y para muestra, los 8 asesinatos cometidos contra ellas en el 2014 en Sonora de los cuales, 4 han sido en Cajeme, los cuales han sido con saña y lujo de violencia. Situación que no es nueva, a decir de Leticia Burgos de la Red Feminista Sonorense, desde el 2010 a la fecha, se habla de más de un centenar de mujeres asesinadas en Sonora, donde justamente ese año figuró en el octavo lugar dentro del observatorio de feminicidios en México, pasando sólo 2 años más tarde, en el 2012 al deshonroso tercer lugar, sólo por debajo de Sinaloa y Nuevo León. Y un dato más, durante el 2013 se registraron 58 mujeres asesinadas violentamente en Sonora. "Y hoy si revisaran cifras, yo estoy segura de que estaríamos ocupando el segundo o el primer lugar en el país de feminicidios en un lapso de enero a febrero, a los primeros días de marzo, es muy preocupante". Motivo por lo cual se hace necesario recordar, a todas aquellas cuya voz ya nunca más podrá ser escuchada. En este sentido, en noviembre del 2013 el Congreso de Estado tipificó al feminicidio como delito grave. De acuerdo al artículo 263 Bis A del código Penal para el Estado de Sonora, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que esto sucede cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público; Quien se aproveche del estado de indefensión o falta de apoyo de una mujer que se encuentra sola, ya sea por dificultad de comunicación para recibir auxilio, por razón de distancia a un lugar habitado o porque existe algún impedimento físico o material para solicitar ese auxilio. A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 30 a 60 años de prisión y de 500 a mil días de multa, modificando así la pena mínima que existía en asesinatos de mujeres. Con esta reglamentación, Sonora fue el penúltimo estado en tipificar este delito lo que a decir de Burgos Ochoa, esta tardanza ha tenido consecuencias, como el que este flagelo vaya a la alza. Y más aún, pobres resultados en la aplicación de la justicia, donde sólo un caso ha sido consignado, tratándose de Alejandro Torres Rojas, quien asesinó el 1 de enero a su esposa Jasmín Verónica Lizárraga, de 26 años en Cananea. "Creo que un saldo positivo es que se haya tipificado, pero un saldo negativo es que los feminicidios que hasta ahora se han cometido en Sonora solamente dos o tres se ha abierto una averiguación debida, se haya consignado solo un caso y el resto sigue en la impunidad, creo que ahí está el reto de la autoridad que por un lado tiene la responsabilidad de dar la garantías para la seguridad, protección y para la justicia". Lo que ha llevado a este grupo de mujeres junto al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio a solicitar al Congreso avanzar en el protocolo de aplicación de la ley, función que compete al Congreso del Estado. "El que avancemos en el protocolo es fundamental ¿Por qué? el ministerio y los jueces tendrán que actuar en consecuencia, todo acto que le prive de la vida a una mujer por el hecho de ser mujer es feminicidio". Y paralelo a esto, cumplir con la Ley para Prevenir la Violencia Intrafamiliar publicada desde 1999 y la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Sin Violencia en el 2007, que entre otras cosas, habla de tres medidas de protección: la emergente, la urgente y la protección en reclusión. "Y aquí no tenemos dónde!, no tenemos un refugio, no tenemos un centro de justicia que acompañe a las mujeres a la procuración de el debido proceso y de la justicia plena, nos falta mucho por hacer ". Así como el Consejo Municipal para Prevenir y Atender la Violencia, que en el caso de Cajeme, es inexistente. Desde el pasado 29 de enero la Red Feminista Sonorense solicitó al congreso del Estado el que se evaluara la petición de solicitar al sistema nacional la alerta de género para el Estado de Sonora. "Porque es un Estado que apenas tipificó el feminicidio y estos vana n ascenso del 2010 a la fecha, que no ha cesado la violencia intrafamiliar, la violencia escolar " Y es que a decir de Leticia Burgos no basta con que Cajeme se encuentre dentro del Sistema Nacional de Combate a la Violencia, pues con todo, continúan los crímenes de la manera más violenta.