A petición del centro empresarial y luego de determinar que existen argumentos la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto 768 de la Ley de Justicia Adminitrativa.
El presidente del órgano, José Carlos Álvarez Ortega expuso que estas disposiciones para el estado de Sinaloa contravienen otros parámetros de ley como lo son el sistema nacional anticorrupción.
Además de vulnera el principio de legalidad y democracia.
