El comisionado de enlace con instituciones de la comisión de defensa de los derechos humanos, Oscar Loza Ochoa, considera que no se pueden minimizar las expresiones sobre el riesgo que representa la incorporación de militares a labores de seguridad en áreas preventivas, dijo que la historia lo impide, ya que no son pocos los episodios en nuestro estado en los que la intervención del ejército, ha causado serias afectaciones a la población civil debido a la formación que reciben para enfrentar la violencia.
Loza Ochoa señaló que independientemente del riesgo que señala, la medida es inconstitucional.
Oscar Loza agregó que con esta medida el gobernador del estado Quirino Ordaz está enviando un mensaje muy calro, que no quiere problemas con el gobierno federal y entregar la seguridad de sinaloa a la SEDENA le estaría quitando un gran peso encima.
