El pleno de la Cámara de Diputados exhortó al Ejecutivo emitir un informe sobre las acciones para participar de los fondos que le sean decomisados al narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, en los diversos procesos que le siguen en Estados Unidos y que motivaron su extradición.
En votación económica, el pleno aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en ese sentido.
Además, ayer el grupo parlamentario del PAN en San Lázaro presentó una reforma a la Ley de Extradición Internacional, para evitar la entrega de narcotraficantes a Estados Unidos, sin antes exigir un acuerdo sobre el reparto de los bienes incautados.
La iniciativa la presentaron los diputados: Arlette Ivette Muñoz, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores; de Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, y Federico Döring Casar, vicecoordinador del grupo parlamentario.
"Esta iniciativa pretende hacer exigible la entrega de estos recursos para futuras extradiciones, pues mientras que en Estados Unidos, con este gobierno, se captan cantidades millonarias de dinero, aquí en México se lucha con el narcotráfico, ofreciendo la vida de funcionarios mexicanos”, externó Muñoz Cervantes.
"No es el simple reclamo de una cantidad. Se dañó el tejido social, se lastimó la salud de millones de niños y jóvenes con la droga, se lastimó a miles y millones de víctimas, producto de la práctica del narcotráfico”, expresó el diputado.
Refirió que el documento se tuvo que presentar porque el gobierno federal hizo caso omiso a los señalamientos de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional sobre los reclamos de dinero y bienes confiscados que hizo el gobierno estadounidense, y en los que México debía estar presente.
"A los Arellano Félix se les impuso una multa de 200 millones de dólares, que pagaron, y nuestro país se quedó sin ver un solo centavo”, señaló.
Döring Casar expresó que en el caso del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el gobierno federal se comprometió con los legisladores de la Comisión Bicameral, de que no se iba a extraditar sin luchar por “recuperar el dinero mal habido”, lo cual no sucedió.
Avanza ley antichapo
La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma el Código Penal Federal para que el servidor público que ayude a la fuga de algún detenido, procesado o condenado, sea inhabilitado para obtener otro empleo por un periodo de hasta 20 años.
Asimismo, cuando uno o varios miembros de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir, sea o hayan sido servidores públicos de alguna corporación policial, Fuerzas Armadas en situación de retiro, reserva o en activo, sean inhabilitados para desempeñar cargo o comisión públicos hasta por 20 años.
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