Ocho militares fueron sentenciados a pasar 26 años de prisión por colaborar con el grupo delictivo de "Los Zetas".
El caso se vio envuelto en polémica debido a que el abogado defensor denunció actos de tortura en contra de los militares que se habrían prolongado durante tres días para obligarles a reconocer su colusión con el grupo delincuencial, por lo cual solicitó la anulación de las evidencias.
La denuncia de la defensa se basa en las declaraciones de los acusados, las conclusiones de un experto que mandó la Secretaría de la Defensa Nacional y dos informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
De hecho, en el caso de dos de los condenados, el teniente Sócrates López y el subteniente Francisco Javier Soto, la SEDENA reconoció la tortura y les indemnizó.
El director para Latinoamérica de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseveró que no existe un precedente regional donde militares hayan sido indemnizados por tortura y “aún así hayan sido condenados”.
La CNDH reconoció en el caso de otros cuatro condenados, que habían sido víctimas de “tratos inhumanos y degradantes”.
El perito de la fiscalía militar que declaró ante el consejo, reconoció secuelas de tortura entre los acusados y diferentes niveles de síndrome de estrés postraumático.
El caso data de 2011 cuando agentes de la policía judicial militar arribaron al 69 Batallón de Infantería con sede en Coahuila donde detuvieron a 15 militares a quienes torturaron para conseguir que se inculparan de colaborar con "Los Zetas".
La tortura se prolongó durante tres días y consistió en vendarles los ojos, propinarles patadas y puñetazos, así como asfixiarles con bolsas hasta dejarles sin aire; en el caso del teniente la golpiza le dejó desmayado y tuvo que ser trasladado al hospital, mientras el subteniente indicó que le amenazaron con violar y descuartizar a su hija y esposa si no confesaba.
Ocho de los 15 inculpados enfrentarán juicio esta semana, mientras que el resto aguardará turno.
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