La comunidad de El Cenizo, en la frontera de Texas con México, y la Oficina del sheriff del condado de Maverick interpusieron ante una corte federal la primera demanda contra la ley SB4, que prohíbe las ciudades santuario y autoriza a policías cuestionar el estatus migratorio a toda persona.
Abogados de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos interpusieron la demanda el lunes ante la Corte Federal en San Antonio, a nombre del alcalde de El Cenizo, Raúl Reyes, y del sheriff de Maverick, luego que el gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó la legislación la noche del pasado domingo.
En la demanda, El Cenizo y el Condado de Maverick solicitan a la corte federal dictamine que la ley SB4 es anticonstitucional al violar las Enmiendas Cuarta, Quinta, Décima y XIV y los Artículos I y VI de la Constitución de Estados Unidos.
#againstfear Raul Reyes also Mayor of El Cenizo. With passage of SB4, you can be asked for your papers at any time, it's racial profiling pic.twitter.com/3eCBt3cAtM
— Global Exchange (@globalexchange) 27 de abril de 2017
El recurso se interpuso al tiempo que el Procurador General de Texas, Ken Paxton, acudió también a una Corte Federal el lunes, pero para solicitar que el tribunal ratifiquará la constitucionalidad de la SB4.
La SB4, que entrará en vigor a partir del 1 de septiembre próximo, permitirá a los agentes de policía poder preguntar sobre el estatus migratorio a toda persona que haya sido detenida por cualquier motivo, incluyendo las rutinarias paradas de tráfico.
Las legislación prohíbe que los gobiernos locales adopten políticas consideradas santuario para los inmigrantes indocumentados, al impedirles negarse a acatar las leyes de inmigración.
Bajo la nueva ley, los gobiernos locales y los departamentos de policía que se nieguen a acatar las leyes de inmigración podrían dejar de recibir millones de dólares en fondos públicos y enfrentar multas y otras sanciones.
La legislación también castiga a los sheriffs, policías y jefes de policía por no cooperar con las autoridades federales y honrar las solicitudes de detención de los agentes de inmigración para mantener detenidos a los reclusos no ciudadanos sujetos a la deportación.
Le ley contempla imponer sanciones de hasta 25 mil dólares por día a las jurisdicciones que violen sus disposiciones.
El Cenizo y el Condado de Maverick señalan en su demanda que “el estado de Texas actúa inconstitucionalmente cuando procede a obligar y forzar a sus gobiernos locales y funcionarios a violar la ley federal”.
La demanda añade que “el estado de Texas quizá elija voluntariamente renunciar a su soberanía retenida enteramente al gobierno federal, pero no tiene autoridad constitucional o soberana para obligar a su gobierno local y funcionarios del gobierno local a hacerlo”.
El estado “particularmente no tiene tal poder” cuando requiere que los gobiernos locales violen “los derechos constitucionales de los individuos que son blanco del requisito ilegal del estado”, agrega la demanda.
Una ordenanza de El Cenizo prohíbe a los empleados y agentes de policía de esa comunidad, de apenas tres mil 300 habitantes, preguntar a las personas acerca de su estatus migratorio.
La ordenanza fue promulgada para mantener la confianza de la comunidad y asegurar que todos los residentes, incluyendo inmigrantes indocumentados, se sientan seguros reportando crímenes y buscando atención médica.
“Es un desastre”
La SB4 ha generado muchas críticas, en una editorial el periódico The Dallas Morning News opinó que la ley “es un desastre que amenaza con hacer más daño que bien”.
Indicó que la ley “fomenta el trato injusto de millones de ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley. Y en lugar de erradicar la actividad ilegal, podría convertir al estado en un paraíso para más”.
“Es decepcionante que Abbott firmara el proyecto de ley SB 4 de Texas el domingo. La aplicación de la ley de inmigración es una responsabilidad federal; las agencias locales y estatales no deberían hacer ese trabajo”, sostuvo el rotativo.
“¿Qué hay de malo en pedirle a la gente sus papeles para saber si son legales o no?, cuestionó The Dallas Morning News. “Para empezar, invita al perfil racial”, manifestó.
El gobernador “Abbott aseguró a los opositores de la ley que este no sería el caso: La mayoría de las personas que cruzan la frontera en Texas no son de México, son de todo el mundo, así que esto no tiene nada que ver con los hispanos”.
“Perdona nuestro escepticismo”, anotó el diario. “La realidad es que este proyecto de ley abre la puerta para el abuso generalizado”, sostuvo.
“Esta ley también amenaza con hacer menos seguras a las comunidades: Si usted es un inmigrante no autorizado que es víctima de un crimen, ¿se sentiría cómodo informándolo a la policía local, sabiendo que arriesga la deportación como resultado?”, expuso.
“Los delincuentes se basarán en este miedo y victimizarán a esta población, con inmunidad virtual. Conducir a las víctimas a las sombras daña la seguridad pública de toda una comunidad, creando un verdadero santuario para los sin ley”, advirtió.
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