El Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció ayer que las “ciudades santuario”, aquellas que no colaboran con las autoridades federales para deportar a inmigrantes, no podrán recibir fondos del Departamento de Justicia ni del Departamento de Seguridad Nacional.
El movimiento supone una moderación de la posición del Gobierno con respecto a las promesas que había hecho el ahora presidente, Donald Trump, durante su campaña.
El magnate prometió que acabaría con las “ciudades santuario” y, cinco días después de llegar al poder, el 25 de enero, afirmó una orden ejecutiva en la que pedía a Sessions y al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, que se aseguraran de que esas entidades locales no recibían ningún fondo del Gobierno.
First the Ninth Circuit rules against the ban & now it hits again on sanctuary cities-both ridiculous rulings. See you in the Supreme Court!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de abril de 2017
Sin embargo, el pasado abril, un juez de San Francisco (California) bloqueó de manera temporal la parte de la orden ejecutiva de Trump que hablaba sobre las “ciudades santuario”.
En concreto, el juez William Orrick de la corte del distrito norte de California, en San Francisco, determinó que el decreto de Trump violaba la Constitución porque el Congreso es el encargado de aprobar el presupuesto y el presidente no tiene el poder de arrebatar fondos a las entidades locales.
Out of our very big country, with many choices, does everyone notice that both the "ban" case and now the "sanctuary" case is brought in ...
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de abril de 2017
El fallo, sin embargo, no impedía al Gobierno identificar a ciertas localidades como “santuario” y tampoco le prohibía poner nuevas condiciones para distribuir el presupuesto de sus propios departamentos, algo que ya había amenazado con hacer el Departamento de Justicia.
De esta forma, Sessions aprovechó el hueco legal abierto por el juez de San Francisco para establecer nuevas condiciones y definir a las “ciudades santuario”.
Determinó, en un memorándum, que las “ciudades santuario” son aquellas que “voluntariamente se niegan” a cumplir con la ley federal que obliga a los Gobiernos locales a compartir con las autoridades federales información sobre el estatus migratorio de sus detenidos.
Las urbes y condados que no cumplan con la ley “se les impedirá únicamente el acceso a las subvenciones del Departamento de Justicia o del Departamento de Seguridad Nacional”, según la orden.
Las subvenciones del Departamento de Justicia incluyen fondos para el entrenamiento de la policía local. Los fondos del Departamento de Seguridad Nacional ayudan al cumplimiento de las leyes migratorias.
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