En un informe remitido al Senado, Pemex precisó que los funcionarios son investigados dentro de 43 procedimientos administrativos.
"Pemex está plenamente comprometido en llegar hasta las últimas consecuencias en todos los casos en que se detecten conductas irregulares por parte del personal", señala el documento.
La ley establece que la Unidad de Responsabilidades, que depende de la Secretaría de la Función Pública, es la competente para investigar las conductas ilícitas de los servidores públicos.
Si del resultado de sus investigaciones advierte la comisión de algún delito, lo hace de conocimiento de la Dirección Jurídica de Pemex para que ésta presente la denuncia penal correspondiente.
El diario Reforma publicó el 12 de julio que detrás de la "ordeña" de combustible a Pemex existe mano calificada de la propia empresa.
Investigaciones internas de la petrolera revelan que técnicos en activo o personal que fue capacitado por la compañía colaboran en el robo de hidrocarburos.
La empresa informó que el monto estimado por las pérdidas de combustible que dejan las tomas clandestinas, ascendió a 20 mil millones de pesos anuales en los últimos tres años.
En tanto, el costo por la reparación de los ductos y equipos dañados por dichas tomas fue de 4 mil 324 millones de pesos entre 2010 y 2016.
Pemex subrayó que el robo de combustibles constituye un problema de "grandes dimensiones" que requiere de una estrategia integral para disminuir tanto la demanda como la oferta ilícitas.
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