Los desaceos financieros en el área de salud del Gobernador Mario López Valdez y el Secretario Ernesto Echeverría, superan los 985 millones de pesos, según los avances en los resultados de la auditoría realizada por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno de Sinaloa.
Entre las irregularidades ubicadas explicó la titular del área, Guadalupe Yan Rubio, se encontró una diferencia de 141 millones de pesos del saldo cobrado y el real, tras detectarse cheques sin cobrar entre otros movimientos dudosos..
Pero eso no es todo, tras la revisión de 263 cientos de salud durante el 2016, se observaron inconsistencias en 415 personas que no se ubicaron pero cobraron 63 millones de pesos en salarios, ese mismo año se pagó el sueldo a personal que laboró en espacios pero estos estaban inactivos.
El recuento sigue, desde el 2013 al 2016 terminó del mandato de MALOVA, el surtido y control de los medicamentos fue manejado por un particular la empresa Medicamentos y Equipo Médico SA de CV, por lo que no se cuentan con inventarios propios, de tal forma que el saldo reportado es de 111 millones de pesos mismo que no presenta movimientos desde el 2014.
A las irregularidades se suman 410.8 millones de pesos de transpasos no justificados entre cuentas bancarias; 145 millones de pesos de deuda a diversos proveedores y un pasivo de 336 millones de pesos correspondiente a dos prestamos bancarios que se obtuvieron a través de la secretaría de Administración y Finanzas..
la funcionaria explicó que se detectaron pagos de servicios por el orden de los 31.9 millones de pesos a dos empresas de consultoría denominadas Estucon, SA de CV y Enlaces Administrativos Hiroshi SA de CV empresas que fueron protocolizadas ante el mismo notario, con números casi consecutivos de creación, ubicación geográfica incoherente, y que fueron adjudicadas de manera directa sin tomar en cuenta los límites que marcan la ley...
Estas y mas irregularidades demuestran prácticas inadecuadas y faltas de control, culminó la funcionaria que solo demuestran un patrimonio sustancialmente menos a lo declarado en la cuenta pública al 31 de diciembre del 2016.
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