La inhabilitación de ex-funcionarios y la suspensión de servidores de la actual administración estatal por parte de la Secretaría de Transparencia es un gran paso para devolver a la población la credibilidad en las instituciones gubernamentales, sin embargo aún siguen pendientes por resolver las múltiples denuncias que fueron interpuestas ante la Fiscalía General del Estado contra ex-funcionarios que colaboraron en la administración de Mario López Valdez.
El presidente del Movimiento Sinaloense de Diagnósticos Javier Llausás Magaña explicó que la sociedad necesita de acciones contundentes que permitan a los servidores públicos cumplir estrictamente con la función encomendada.
Explicó que a los ex-funcionarios implicados se les puede catalogar como traidores a la confianza ciudadana.
Añadió que los gobiernos ya no pueden permitirse colaboradores que sean corruptos y que además se roben el dinero que con tanto esfuerzo aportan los contribuyentes.
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