El Gobierno español de Mariano Rajoy aprobó hoy un decreto ley que permite agilizar la salida de empresas y bancos de Cataluña ante la turbulenta situación que atraviesa la región, con una posible declaración unilateral de independencia en el aire.
Con el nuevo mecanismo, las compañías que quieran trasladar su domicilio a otra parte del territorio español pueden hacerlo sin necesidad de aprobación por parte de su junta general de accionistas.
“Esta modificación se ha realizado a instancias empresariales“, dijo en rueda de prensa el ministro de Economía, Luis de Guindos.
“No es culpa de las empresas, sino de una política irresponsable que genera incertidumbre e inquietud“, añadió en una crítica al Gobierno catalán de Carles Puigdemont, impulsor del proceso secesionista.
La posibilidad de que el Parlamento de Cataluña declare en los próximos días la independencia de forma unilateral, como prometió esta semana Puigdemont, ha llevado a algunos de los bancos y de las empresas más grandes de Cataluña a plantear su salida de la región.
Se espera que CaixaBank, el mayor banco de Cataluña y el tercero de España, acuerde en las próximas horas trasladar su sede a Palma de Mallorca o Madrid a instancias del mecanismo aprobado hoy.
También el Banco Sabadell, el segundo de la región, decidió el jueves mover, más de un siglo después de su fundación, su sede social desde Sabadell (Barcelona) a Alicante, en el sureste de España.
El mayor temor de los bancos catalanes es quedar fuera de la zona euro si hay una declaración de independencia, lo que supondría quedarse sin el acceso a la liquidez del Banco Central Europeo y fuera de la protección del Fondo de Garantía de Depósitos.
Ante la incertidumbre que provoca el proceso de independencia catalán, otras grandes empresas catalanas se plantean seguir los pasos del Banco Sabadell si hay una declaración de secesión. Según medios españoles, entre ellas podrían estar Gas Natural, Abertis, Freixenet o Codorniu.
Según matizó hoy De Guindos, la medida aprobada hoy por el Gobierno “afecta a todas las sociedades que tengan su domicilio en España, independientemente de cuál sea su capital.”
Cataluña celebró el pasado domingo un referéndum de independencia pese a la prohibición previa por parte del Tribunal Constitucional.
El resultado, con el 90 por ciento de los votos a favor de la secesión, podría llevar al Parlamento catalán a declararla de forma unilateral en los próximos días, según marca una ley aprobada en la región a principios de septiembre y suspendida por la Justicia.
La Cámara catalana fijó para el lunes un pleno en el que previsiblemente se iba a abordar este tema, pero su celebración está ahora en el aire tras su anulación por parte del Constitucional.
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