El Ejecutivo mexicano no ordenó la destitución del fiscal especializado en Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, afirmó hoy Alberto Elías Beltrán, encargado de la fiscalía general tras la renuncia de Raúl Cervantes.
"La decisión se toma de orden técnico porque en días pasados el extitular hizo declaraciones públicas sobre hechos y datos relacionados con investigaciones a su cargo", señaló a Radio Fórmula Beltrán, fiscal general en funciones luego de que Cervantes dejara el cargo hace una semana.
Nieto violentó "diversos principios" del sistema de justicia penal, como la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso, lo que supone una falta en el "código de conducta ética" de la Procuraduría General de la República (PGR), detalló.
El titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de México (Fepade), Santiago Nieto, fue removido el pasado viernes del cargo.
La destitución llegó dos días después de que Nieto denunciara presiones por parte del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, investigado por supuestamente recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, para que declarara públicamente su inocencia.
Beltrán aseveró que, al vulnerar estos principios, las declaraciones de Nieto pueden "llevar a dejar en libertad probables responsables".
Negó categóricamente que la remoción fuera una "orden directa" de Los Pinos, la residencia presidencial, y atribuyó que la decisión se tomara unos días después porque estuvo estudiando el caso hasta tener "la certeza" de que se podría vulnerar la presunción de inocencia y el código de conducta.
Recordó que Nieto dio información de Lozoya, pero también datos "estrictamente reservados" de fuentes de financiación de partidos políticos y de candidatos independientes a los comicios de 2018.
"No fue una orden de Los Pinos y es un mensaje a todos los servidores públicos de la PGR para que en ningún momento violenten el debido proceso y, por algún error, se beneficie un probable responsable" que quede en libertad y se genere impunidad, concluyó el fiscal.
Tras la destitución de Nieto, la oposición mexicana dijo que buscará dar marcha atrás al proceso, que calificó como una "venganza política" después de que este denunciara presiones en uno de los casos que investiga.
Es en el Senado donde la oposición pretende frenar la destitución, pues -según la ley- la decisión puede ser "objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles".
"Respetaremos como siempre hemos hecho en la PGR las decisiones del Congreso, en ese caso el Senado", afirmó hoy el procurador.
En declaraciones a la misma emisora, el extitular de Pemex, Emilio Lozoya, negó haber presionado de alguna manera a Nieto para que declarara su inocencia en el caso Odebrecht.
Afirmó que solo se ha dirigido al extitular de la Fepade en una ocasión, y fue a través de una misiva en la que solicitó a Nieto, en agosto pasado, ser informado de si existía alguna imputación en su contra en la investigación abierta por el caso Odebrecht, y pedía ser citado para declarar en relación con estos hechos.
"En agosto fui claro. Si hay un elemento a investigar, que se investigue. (...) En la carta jamás se menciona que pido impunidad, disculpa pública o trato especial", indicó hoy Lozoya.
El exdirector de la estatal calificó de "calumnias" las aseveraciones "absolutamente inadecuadas" de Nieto, y pidió a los actores políticos que, antes de comentar y tomar posición en este suceso, se "pongan en sus zapatos".
"Me parece que se ha politizado de una forma desproporcionada (el caso), y espero que vaya por la cauce jurídico, y no político-mediático", concluyó.
Con información de EFE.
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