La destitución del delegado de la Procuraduría Agraria Raúl Acosta Tapia y del delegado de la SCT Francisco Javier Hernández Armenta solicitó Francisco Rubio Uriarte, representante del Ejido Vicente Guerrero afuera de Tribunal Unitario Agrario. Junto a habitantes del ejido afuera del recinto, el abogado denunció públicamente a Tisoc Laborín Archuleta de Agua Prieta como presunto comprador de los terrenos donde se construye el libramiento en presunta complicidad con autoridades, acordando un precio muy por debajo de lo que es dando un abono de 363 mil pesos.
El presidente del comisariado ejidal afirmó que a nadie del ejido Cócorit, Vicente Guerrero, Esperanza, Pancho Villa entre otros nunca se les planteó que en dichos terrenos se construiría el libramiento. Además de que la empresa Desarrolladora de Infraestructura Sonora que construye el libramiento utiliza sin ninguna autorización ni permiso de las autoridades materiales pétreos del mismo ejido que se usa para la obra del libramiento por lo cual debieron pagar a los ejidatarios 29 millones de pesos.
Tras rechazar que no están en contra del libramiento y del desarrollo económico de Cajeme y del Estado, indicó que requiere que les paguen los 95 mil 529 metros cuadrados que es la afectación del libramiento lo que equivale a 60 millones de pesos.
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