Con alrededor de 2 mil 500 asuntos agrarios en Sonora proyecta cerrar el 2017 la Procuraduría Agraria Federal en la entidad. Raúl Acosta delegado federal informó que en lo que va del año se han presentado 300 casos relacionados con cesiones o sucesiones controvertidas por la familia o interesados, siendo éstos los casos más frecuentes que se realizan ante dicha dependencia, seguido de la impugnación de cesión de derechos o de límites entre ejidos.
En torno a la petición de su destitución junto al delegado de la SCT Javier Hernández Armenta por parte de Francisco Rubio Uriarte, representante del Ejido Vicente Guerrero por presunta complicidad en la adquisición de los terrenos donde se construye el libramiento en Cajeme, el funcionario federal desconoció las acusaciones en su contra. Explicó que son las autoridades ejidales quienes tienen la facultad de aceptar a quienes ellos deseen en su territorio y que las autoridades anteriores del ejido firmaron un convenio de ocupación previa con representante de la SCT y en base a la Ley Agraria es que únicamente como Procuraduría Agraria dieron fe en la firma del convenio en los términos que los interesados pactaron en cuanto al precio. En torno al uso de material pétreo sin permiso del ejido por parte de la empresa que lo construye subrayó que si existe una diferencia o inconformidad está el Tribunal Agrario como autoridad para resolver.
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