La violencia sexual en Colombia, antes y durante el conflicto armado que se ha prolongado durante 50 años, además de un crimen perpetrado contra niñas, mujeres y hombres, es un tabú. Sin embargo, su realización no lo fue.
Hemos establecido en el Centro Nacional de Memoria Histórica, tras registrar 15.076 casos desde 1959, que no se puede considerar que la violencia sexual haya sido un caso aislado ni que su ocurrencia se deba a motivos circunstanciales o a características de los individuos perpetradores.
En nuestro Informe "La Guerra Inscrita en el Cuerpo" evidenciamos que la violencia sexual ha sido usada como un instrumento de poder, como un mecanismo de dominación. Y su uso ha sido premeditado y sistemático.
La violencia sexual no se instaura con el conflicto armado, sino que lo precede, y se alimenta en su confluencia con órdenes y roles de género patriarcales victimizantes, que se exacerban durante la militarización de los territorios por parte de las también exacerbadas masculinidades guerreras.
Nuestra intención con este informe, en el que aparecen las voces de las víctimas, es denunciar el ensañamiento durante el conflicto armado y cómo los cuerpos de miles de niñas y adolescentes fueron torturados mediante la violencia sexual. De los 227 testimonios que recogimos, el 36 % de las víctimas cuenta que la violación ocurrió cuando tenían menos de 14 años y el 17 % cuando tenían menos de 18 años. Lo que arroja una cifra ignominiosa del 53 % de víctimas menores de edad.
Niñas y adolescentes han sido las víctimas más vulnerables. Pero no han sido las únicas. Miles de mujeres jóvenes y adultas, pertenecientes a géneros no hegemónicos, niños y hombres también han sufrido esta modalidad de la guerra contra sus cuerpos; el 91.6 % de victimización recae sobre las niñas y mujeres con énfasis en diferentes etnias y niveles de exclusión social.
La violencia sexual en el conflicto ha sido perpetrada por todos los actores del conflicto. Los paramilitares son responsables del 32,2% ; las guerrillas del 31,5 %; los grupos armados posdemovilización ocupan el tercer lugar, con el 6,3 % de casos. Los agentes del Estado el 1,3 %. Y hay un porcentaje altísimo (el 26,5 %) en el que el perpetrador no ha sido identificado.
Con información: EFE
Artículo de Gonzalo Sánchez G., director del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia
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