Tras haber sido promulgado el decreto mediante el cual se expide la Ley de Seguridad Interior, el tema pasa a la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tendrá que resolver sobre su constitucionalidad.
Sin embargo también es el tiempo para los organismos nacionales e internacionales que consideran que la ley se contrapone a lo que establece la constitución para interponer los recursos correspondientes.
Óscar Loza Ochoa, comisionado de enlace de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, advirtió que este tema tendrá un impacto internacional, ya que se ha creado por diferentes organismos un observatorio que difundira en america latina y europa las consideraciones que se han hecho al respecto de los riesgos de esta ley y el retroceso que significa su aprobación.
Loza Ochoa agregó que en tanto resuelva la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la ley, las fuerzas federales siguen en las calles y el riesgo de violaciones a los derechos humanos de la población civil está latente, en manos del ejército dijo, está el reivindicarse con la sociedad o pagar las consecuencias de sus actos como ya lo han hecho en otras ocasiones interfiriendo en conflictos que tenían que haber resuelto autoridades civiles.
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