Al cierre del 2016, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, tenía 767 investigaciones en trámite por el delito de tortura, aproximadamente 400 de estas concentradas en la Dirección de Averiguaciones Previas, según el análisis realizado al interior de la institución.
Asimismo, el total de las 767 investigaciones corresponde a denuncias realizadas en contra de elementos de diferentes instituciones y no solo a la figura del Ministerio Público o la entonces Policía Ministerial del Estado, puesto que en la mayoría las señaladas son corporaciones municipales.
Este organismo autónomo reitera que una vez iniciada la transición a Fiscalía General del Estado de Sinaloa, no se ha recibido denuncia, ni solicitud de informe por queja, y mucho menos recomendación por la supuesta comisión de actos relacionados con la tortura, esto en seguimiento al compromiso de generar una institución que procura justicia y respeto a los derechos humanos.
La Fiscalía de Sinaloa observa que a partir del año 2013, el delito de tortura presentó un incremento en la incidencia, luego de diversas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que impuso a los juzgadores la obligación de dar vista al Ministerio Público o comisiones de derechos humanos, sobre actos de tortura señalados por los imputados en sus declaraciones judiciales.
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