El pasado viernes la Auditoria Superior del Estado, entregó a la Comisión de Fiscalización del congreso local, un informe en el que se documentó que entre julio de 2015 y marzo de 2017, se emplacaron al menos 900 vehículos con irregularidades.
Entre estas, que algunas de las unidades contaban con reporte de robo, otras en la que los trámites se realizaron con documentación apócrifa o que en el trámite faltó presentar algún documento.
El informe también contiene documentos en los que se encontraron irregularidades en la autorización de pensiones a trabajadores por montos que no correspondían.
Ante esto el gobernador del estado aseguró que no intervendrá en las resoluciones que se deriven de estas investigaciones y que si existe algún delito que perseguir, que se sancione a los responsables.
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