Un juez ordenó liberar a los primeros cuatro detenidos por el caso Iguala, tras considerar que había indicios suficientes para determinar que algunas de las pruebas que reunió la Fiscalía de Guerrero, en su contra, fueron obtenidas de manera ilícita.
Uno de ellos es Marco Antonio, presunto sicario de Guerreros Unidos.
La Fiscalía de Guerrero encontró, en uno de los tres celulares que le aseguraron, decenas de fotografías de sus víctimas antes y después de asesinarlas.
Son más de 70 fotografías de personas detenidas, golpeadas, asesinadas, torturadas, enterradas en fosas clandestinas. Se encontraron en el teléfono celular de Marco Antonio, alias “El Cuasi”, uno de los primeros detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
En octubre de 2014, Iñaki Blanco, entonces fiscal general de Guerrero, informó que los detenidos trabajaban “para el grupo delincuencial denominado Guerreros Unidos. Además, aceptaron haber participado en el tráfico de drogas, secuestro y homicidios”.
Cuando Marco Antonio fue detenido por la Fiscalía de Guerrero portaba tres celulares, los cuales fueron analizados hasta que el caso fue atraído por la Procuraduría General de la República.
La PGR confirmó que el teléfono era de “El Cuasi”, gracias a un peritaje de identificación fisonómica.
Se constató que el rostro del detenido era el mismo que aparecía en varias fotografías del celular.
Marco Antonio admitió que el aparato, con el catálogo de víctimas, era suyo y reconoció en su declaración ministerial que los Guerreros Unidos solían fotografiar a sus víctimas antes y después de asesinarlas.
Familiares de desaparecidos solicitaron el catálogo de imágenes a las autoridades, para tratar de identificar a sus seres queridos, en la zona de Iguala.
Según la Fiscalía de Guerrero, el dueño del celular fue quien los condujo a la primera narcofosa encontrada en Iguala, tras la desaparición de los normalistas.
Por el momento, Marco Antonio continuará recluido por el proceso que se le sigue por delitos contra la salud y la PGR puede volver a acusarlo de delincuencia organizada, si obtiene otras evidencias en su contra.
Además de Marco Antonio Ríos Berber, el juez federal con sede en Tamaulipas también ordenó la liberación de Martín Alejandro Macedo Barrera, “El Becerro”; Luis Alberto José Gaspar, “El Tongo”; así como de Honorio Antúnez Osorio, “El Patachín”, por falta de elementos probatorios para vincularlos con la desaparición de los normalistas.
Sólo uno de ellos, Luis Alberto José Gaspar recobrará su libertad, por no existir otra causa penal más en su contra.
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