A petición de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, el juez de Control y Enjuiciamiento Penal otorgó el auto de vinculación a proceso en contra de Dionisio “N" por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, derivado de posibles actos de corrupción en la autorización de contratos licitados para la construcción del Tiburonario del Acuario de Mazatlán.
En audiencia inicial, correspondiente a la causa penal 1084/2018, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción formuló las imputaciones en contra del ex titular de la Dirección de Control Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con base en supuestas irregularidades en la autorización de dos contratos firmados en 2013 y 2016, beneficiando a igual número de empresas.
Sustentaron que dichas propuestas de obra no cumplían con las bases de la licitación ni con el reglamento de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Sinaloa, cuya responsabilidad directa de supervisión era de Dionisio “N", quien habría podido evitar que ambas empresas fueran beneficiadas con montos por $15,000,000.00 y $19,640,000.00, haciendo una suma por $34,640,000.00.
Con base a los datos de prueba presentados el juez de la causa consideró procedente otorgar la petición de vinculación a proceso, y determinó como medidas cautelares que el imputado deberá cumplir con presentaciones periódicas cada 15 días ante este Órgano Jurisdiccional, además de restricciones para salir del país.
Para dar seguimiento y cumplimiento a tales medidas, el juez de control giró oficio a la Unidad de Medidas Cautelares para la supervisión correspondiente, y a la Secretaría de Relaciones Exteriores con el fin de notificarle la prohibición impuesta a Dionisio “N” para salir del país.
El Juez otorgó 4 meses de plazo para investigación complementaria, fijando fecha de próxima audiencia para febrero de 2019.
El vinculado a Proceso, quien fuera Director Administrativo de la Secretaría de Obras Públicas, en el Gobierno de Mario López Valdez fue inhabilitado para ejercer en el servicio público por supuesto desvío de recursos y peculado en la construcción de El Centro de Justicia Penal Zona Centro.
