Un Juez ordenó investigar la posible responsabilidad penal de funcionarios de la Procuraduría General de la República por irregularidades en la investigación del caso Ayotzinapa en el que 43 estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre de 2014, informaron abogados de los padres.
Mediante un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que representa a los familiares, indicó que el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa de Ciudad de México, dejó sin efectos la resolución dictada por la Visitaduría General de la PGR.
Dicha resolución “consideraba faltas leves las irregularidades cometidas por distintos funcionarios de la PGR durante la investigación del caso Ayotzinapa”, exonerando en los hechos a diversos funcionarios.
En su sentencia, el juez ordenó que se emitiera una nueva resolución “que sí sea exhaustiva pronunciándose entre otras cosas sobre la posible trascendencia penal” de algunas de las conductas cometidas por servidores públicos de la Procuraduría, se apuntó en la nota.
Para los familiares de los desaparecidos, esta sentencia representa una oportunidad para que la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “revise integral y exhaustivamente las actuaciones de los funcionarios involucrados en la irregular investigación del Caso Ayotzinapa, sin ningún condicionamiento jurídico previo”.
El GIEI, que estuvo un año investigando el caso, planteó la imposibilidad de que los 43 hubieran sido quemados en el vertedero la misma noche en que desaparecieron y, además, sacó a la luz que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.
Nada más llegar al poder, el 3 de diciembre, López Obrador ordenó en su primer decreto presidencial la creación de una Comisión de la Verdad sobre el caso de Ayotzinapa que será instalada esta semana.
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