El congreso del estado organizó un foro de consulta para formular una iniciativa de ley para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en el cual representantes de organismos nacionales e internacionales, expusieron cómo ambas labores se han convertido en los últimos años, en actividades de muy alto riesgo en México, por lo que es necesario que con carácter de urgente se establezcan políticas públicas que garanticen, no solo la seguridad en el ejercicio periodístico y la defensa de derechos humanos, sino que se creen los protocolos y medidas para que se atienda de manera preventiva esta problemática.
Solo en los que va de este año, la oficina en México del alto comisionado de las naciones unidas para la protección de los derechos humanos, tiene registro del asesinato de 7 defensores de derechos humanos y 3 periodistas.
Amnistía Internacional por su parte acusó que muy poco ha hecho el estado mexicano y en particular las entidades federativas para garantizar la libertad de expresión y muy por el contrario, muchas de las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos, provienen precisamente del poder político y del crimen organizado, que en muchas ocasiones son un mismo poder.
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