El Congreso del Estado dio cumplimiento a una sentencia y dejó sin efecto el nombramiento de Héctor Samuel Torres Ulloa, como Magistrado Propietario del Tribunal de Justicia Administrativa.
Esta Legislatura dio cumplimiento a la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito en el Amparo en Revisión 105/2018 del Juicio de Amparo promovido por Lucila Ayala de Moreschi.
La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación emitió dictamen para cumplir con la sentencia, documento que fue incluido, mediante acuerdo del Pleno, en la sesión pública ordinaria, en donde fue leído y votado a favor por unanimidad de los presentes.
El 29 de marzo de 2017, el Congreso del Estado recibió una terna por el Ejecutivo Estatal, integrada por Héctor Samuel Torres Ulloa, Edna Lilyian Aguilar Olguín y Andreyeb Terrazas Sánchez, para designar a un Magistrado Propietario del TJA.
El 6 de abril de 2017, se emitió Acuerdo del Pleno número 35, por el que se elige como Magistrado Propietario de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, a Héctor Samuel Torres Ulloa.
Lucila Ayala de Moreschi, interpuso amparo en revisión con número 105/2018 en consecuencia del amparo 297/2017, en el que la Justicia de la Unión dictó resolución para los efectos de proteger y amparar en sus derechos a la quejosa.
En la sesión de este jueves 25 de abril, los legisladores dejaron sin efecto el procedimiento de designación.
En el acuerdo al Magistrado Héctor Samuel Torres Ulloa, al Tribunal de Justicia Administrativa, al Ejecutivo del Estado y a la ciudadana Lucila Ayala de Moreschi, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar.
Marco César Almaral Rodriguez, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, mencionó tenían 72 horas para responder, por ello se preocuparon y se ocuparon por acatar la ley.
Graciela Domínguez Nava, Presidenta de la Junta de Coordinación Política mencionó que toda sentencia debe acatarse.
Reconoce que cada quien tiene el derecho de buscar que se le atienda por los juzgados para demostrar que se le está violentando sus derechos, pero esa es otra ruta.
Domínguez Nava explicó que se intentó ver que el Congreso quería vulnerar los derechos del Magistrado porque no estaban deteniendo el procedimiento mientras que él estaba acudiendo al juzgado a solicitar una aclaratoria.
Sin embargo, eso no suponía que el Congreso debía detener el procedimiento, añadió la legisladora.
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