¿Recuerda usted aquel discurso del 31 de julio de este año, en el que de acuerdo a la opinión pública fue tomado con la connotación de 'odio' hacia los medios de comunicación en voz del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres?
Ocurrió durante la gira del Ayuntamiento para entregar obras de pavimentación en las colonias Montuosa y Anáhuac, en donde el munícipe se dirigió a las empresas informativas, entre ellas a TVP, aquí se lo traemos a la memoria.
En esa ocasión Benítez Torres aseguró que esta televisora orquestaba en su contra tras dejar de percibir la cantidad de 7 y 8 millones de pesos derivado del contrato de Publicidad Oficial durante la administración municipal de Fernando Pucheta Sánchez y Joel Bouciéguez Lizárraga.
La cifras mencionadas por el munícipe contrastan con las proporcionadas por la Dirección de Egresos Municipal a través de una solicitud de acceso a la información pública con folio 00970519 hecha por este equipo de reporteros que dio como respuesta 2 millones 74 mil 800 pesos por servicio de spoteo en televisión, comerciales, producción y transmisiones especiales de Informe de Gobierno y Grito de Independencia, así como promoción y difusión de paramunicipales, marcando una diferencia en lo dicho por Benítez Torres de casi cinco millones de pesos.
Pues bien, a mes y medio de distancia el Ayuntamiento rectifica a través de la Dirección de Comunicación Social y reconoce que en ese momento el Alcalde no contaba con la 'cifra exacta'.
Lo anterior trascendió en medio de una conferencia de prensa brindada por la dirección antes mencionada, junto a representantes de Tesorería Municipal y la Oficina de Acceso A La Información, en la que fueron presentada la inversión que hasta ahora ha aplicado la comuna en gasto a publicidad oficial.
Cuestionado al respecto, Jorge Contreras Sánchez aseguró que no existen irregularidades en los otorgamientos de contratos actuales con la prensa local, refiriéndose al término de Publicidad Oficial de la siguiente manera.
La definición del funcionario municipal difiere de la respaldada por legisladores y hasta organismos internacionales como Artículo 19 y FUNDAR que describen la publicidad oficial como un mecanismo de comunicación entre los gobiernos y la ciudadanía, teniendo como objetivo el acceso a información pública y la rendición de cuentas.
Ambas organizaciones han denunciado que en su lugar se utiliza con fines de proselitismo y hasta de censura estructural en el contenido informativo, limitando así el ejercicio periodístico y el derecho a la libertad de expresión.
También te puede interesar
