López Obrador pidió la aplicación urgente de las siguientes medidas para el Gobierno Federal, las cuales entrarán en vigor este miércoles 22 de abril, en cuanto se publique en el Diario Oficial de la Federación y tendrán validez hasta el 31 de diciembre de este año.
• Se cancelan 10 subsecretarias y al mismo tiempo se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos.
• No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal; se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en 25% de manera progresiva.
• Se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo debido a la pandemia de coronavirus hasta el 1 de agosto.
• Deberán permanecer cerradas la mitad de las oficinas con excepción de las que atiendan de manera directa al público y que son esenciales.
• Reubicación de funcionarios públicos con el fin de dejar de rentar edificios, bodegas, inmuebles
• Se pospone acciones y gastos de gobierno con excepción de algunos programas como las pensiones, becas, Jóvenes Construyendo el Futuro y la construcción del Tren Maya, la refinería Dos Bocas, la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, entre otras.
• La Secretaría de Hacienda dispondrá de recursos necesarios para entregar dinero a estados para pago de nómina, pensiones, así como la amortización y servicio de deuda pública, no se podrá utilizar sin autorización de Hacienda, fondos o fideicomisos.
• Tendrán trato excepcional la Secretaría de Salud, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Secretaría de Defensa Nacional.
• Se aplicará la Ley de Austeridad Republicana de manera rigurosa.
• La eficiencia, la honestidad y la austeridad permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los problemas sociales en 622 mil 556 millones de pesos, al mismo tiempo se otorgarán 3 millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y clase media.
• Se crearán 2 millones de nuevos empleos para proteger al 70% de los mexicanos.
Estas medidas se aplicarán al Poder Ejecutivo General, incluyendo a organismos descentralizados, empresas de participación estatal y la responsabilidad de aplicación de este ordenamiento corresponderá a secretarios, directores de organismo y a la Secretaría de Función Pública, afirmó el presidente.
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