Quienes integramos la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública creemos que la amnistía es un instrumento legal benéfico para aquellas personas que han sido encarceladas sin haber tenido acceso a la justicia, por la violación a las garantías individuales o la falta de cumplimiento al debido proceso.
El espíritu de la Ley de Amnistía aprobada por el Senado de la República es noble, pero ni el momento ni las formas fueron las adecuadas.
Consideramos que la decisión del Senado atiende a intereses y circunstancias que van más allá de la contingencia sanitaria. Apostamos por la transparencia, por eso hay que decir que se miente a los mexicanos al justificar que su aprobación se dio a raíz de la pandemia por el COVID-19, pues la propia ley indica que el proceso para obtener la amnistía llevará meses, incluso superando las estimaciones del Gobierno Federal sobre las fases de aislamiento.
Debido a su aprobación al vapor y a las ya evidentes deficiencias en los esquemas para su implementación, observamos que esta ley generó temor de que se libere a quienes no deben estar en las calles.
Hoy, a días de la entrada en vigor de esta ley, persiste la falta de certeza, no sólo entre los ciudadanos, sino también entre las propias autoridades locales, pues la Ley de Amnistía es una imposición nacional que se aprobó sin tomar en cuenta las condiciones institucionales de los estados donde, obligatoriamente, se tendrá que legislar para su implementación.
Bajo nuestra función de voceros ciudadanos, dialogamos con miembros de organismos, colegios de profesionistas, sectores productivos y academia, y de esos diálogos rescatamos que existe un amplio rechazo a esta ley al considerar que, bajo las condiciones en las que se aprobó, no abona ni beneficia a nuestra entidad.
Llamamos a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en Sinaloa a hacer un plantemiento profundo y responsable previo al proceso legislativo local, para que las decisiones en consecuencia se tomen desde diagnósticos profesionales e involucren en su análisis a personas expertas en la materia.
Si las decisiones en el Senado son asunto legislado y no hay más que hacer, demostremos que en Sinaloa en materia de amnistía en el fuero común, el diálogo abierto y transparente pude ser la diferencia en la construcción de soluciones justas para una sociedad que anhela justicia y de paz.
ATENTAMENTE
Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública
