El Instituto Nacional Electoral (INE) lleva a cabo permanentemente un cuidadoso trabajo de fiscalización de los recursos ejercidos por los partidos políticos y las organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos, para conocer e identificar los gastos que hacen en general, incluyendo el que llevan a cabo en las redes sociales.
Cuando se identifican gastos no reportados o propaganda que transgrede los límites permitidos legalmente el INE inicia los procedimientos sancionadores correspondientes.
En todos esos casos la autoridad electoral requiere información a las empresas proveedoras de estos servicios digitales para obtener datos relacionados con las contrataciones, y en caso de identificar inconsistencias, éstas son observadas y, en su caso, sancionadas conforme a la ley.
El INE reitera su compromiso con la libertad de expresión, la rendición de cuentas y el orden democrático.
