Suma Ayuntamiento un proceso jurídico más

Vecinos del fraccionamiento Real Del Valle estaban amparados cuando la JUMAPAM procedió al corte de agua potable en medio de la pandemia por el Covid 19

Por Cecilia Barrón

Suma Ayuntamiento un proceso jurídico más

El Ayuntamiento de Mazatlán ha sumado a su lista un proceso jurídico más a enfrentar, puesto que al momento del corte del servicio de agua potable en el fraccionamiento Real Del Valle, a cargo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en plena pandemia por el Covid 19, vecinos estaban amparados


El problema se remonta a por lo menos cinco años atrás cuando se generó un adeudo en consumos de agua de la empresa Bienes Raíces Jardín Real S.A de C.V, transferidos después al consumo de áreas comunes del fraccionamiento Real del Valle, situación que en su momento no fue atendida por los gobiernos municipales en turno, lo anterior de acuerdo con el documento correspondiente a un amparo de tres personas del coto 15 del desarrollo habitacional, al cual Las Noticias TVP ha tenido acceso. 


Fue el 20 de mayo del 2019 cuando se obtuvo la suspensión definitiva otorgada por el Juez Octavo de Distrito Amílcar Asael Estrada Sánchez, según consta en el juicio de amparo 320/2019- II-2, “contra actos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, y otra autoridad, por violación a los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 17 constitucionales”.


En él se establece que los quejosos ( A solicitud de los mismos se omiten los nombres) son propietarios de los inmuebles ubicados en la calle San Emilio y Santa Eduwiges del coto 15 en el fraccionamiento en mención, argumentando que cuentan con contratos individuales y tomas con medidores particulares en cada una de sus viviendas pagando puntualmente el suministro de agua potable. 


Al proceder con el corte general de agua potable en el Coto 15, la administración municipal habría violado dicha sentencia de un Juez Federal, por lo que los habitantes procedieron a denunciar ante el Juzgado Octavo de Distrito por incumplimiento de la suspensión definitiva del 20 de mayo, cuando se pretendía recuperar cartera vencida por $4,482,829.38 (Cuatro millones cuatrocientos ochenta y dos mil ochocientos veintinueve pesos 38/100 MN).


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