Las modificaciones se avalaron por unanimidad, mismas que contemplan casos en los que incumplan obligaciones con personas que presenten alguna discapacidad o pertenezcan a grupos vulnerables como adultos mayores.
Esta iniciativa modifica por adición el artículo 335 del Código Penal del estado, específicamente al capítulo II, mismo que aborda el Abandono de personas, refirió el portal de El Universal.
Jorge de León Fernández, diputado local por el PRI, fue quien presentó la propuesta desde el 14 de noviembre de 2019, con el propósito de proteger a las mujeres en estado de gravidez así como al producto en gestación.
“Al que sin motivo justificado incumpla sus obligaciones alimentarias respecto de sus hijas e hijos, cónyuge mujer embarazada que acredite legalmente la paternidad, personas con discapacidad, adultos mayores o sujetos de interdicción (privación de un derecho impuesto por un autoridad judicial), se le impondrá una pena de prisión de uno a seis años y multa de 180 a 360 cuotas”, se estableció en la reforma.
Por ello, quienes se deslinden de sus obligaciones también perderán “los derechos de patria potestad, tutela, hereditarios, o alimentos que pudiera tener sobre el acreedor alimentario; y pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente por el imputado”.
Además, de no haber reconocimiento de paternidad, los costos que resulten de las pruebas científicas para comprobar la paternidad serán cubiertas por el padre si el resultado es positivo.
La reforma recién aprobada entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial de Nuevo León, al respecto De León comentó que se pretende inhibir prácticas de abandono e incumplimiento de responsabilidades hacia mujeres en estado de gravidez, que sufren abandono de sus parejas.
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