El presidente de la Federación de Barras Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa, Julio Alvarado Andrade, reconoció que aunque la medida que pretenden implementar los ayuntamientos de Mazatlán Y Culiacán, tiene las mejores intenciones para contener los contagios por Covid19, todas las autoridades están obligadas a conducirse bajo la legalidad y en este caso, la medida es discriminatoria, sin considerar que la ley de salud, señala que la instancia facultada para emitir los protocolos es el consejo de salud general, la federación y en todo caso el estado, pero en ningún momento se menciona a los municipios para que asuman estas atribuciones.
Por su parte el presidente de la Comisión Estatal de los derechos humanos, José Carlos Álvarez Ortega, reiteró que las autoridades deben apegarse a sus facultades aun cuando reconoció que la restricción de algunos derechos pueden justificarse, sin que esto signifique discriminar o violentar los derechos humanos y la dignidad de las personas.
Álvarez Ortega también comentó que estarán muy atentos a como se desarrolla el tema del regreso a las actividades educativas, para que las autoridades garanticen la seguridad de los jóvenes y niños en caso de que se defina la fecha del regreso a clases presenciales.
