Al vencer este 14 de agosto el aplazamiento administrativo de la entrada en vigor de la segunda fase de la prohibición de los plásticos, Gobierno del Estado otorgará un nuevo periodo de gracia a empresas que distribuyen, entregan y comercializan desechables de plástico no biodegradable, cuya prohibición entró en vigor el pasado 15 de febrero.
La titular de la SEDESU, Isabel Mendoza Camacho, informó que este nuevo aplazamiento administrativo de las sanciones culminará el próximo 13 de octubre y también será extensivo para los productos derivados del unicel, cuya prohibición entra en vigor a partir del el 14 de agosto del 2021 correspondiente a la tercera fase de la normativa.
La segunda fase de las modificaciones a la Ley de Residuos tiene por objetivo evitar la contaminación por el uso excesivo de platos, vasos, cucharas, tenedores, charolas, recipientes, anillos para agrupar bebidas, entre otros productos de plástico.
Dijo que hay avances significativos de distribuidores que lograron migrar a productos biodegradables, a la fecha se cuenta con el registro formal de 307 establecimientos que han presentado aviso a la Secretaría para hacer valer la excepción de distribuir productos biodegradables permitidos.
La titular de la SEDESU agregó que hay empresas que han optado por adherirse al cumplimiento de la ley desde la óptica de no utilizar o distribuir plásticos de un solo uso, como el caso de bolsa para el traslado de mercancías, de los cuales derivado de sondeos, así como información proporcionada por municipios, se estiman 918 establecimientos en todo Sinaloa.
Se han levantado un total de 48 actas formales de inspección, referente a la prohibición de bolsas y popotes, de las cuales 26 presentan posibles irregularidades que han propiciado el inicio de los procedimientos administrativos correspondientes y cuyas sanciones no serán menores a los 89 mil pesos.
Indicó que continuarán con un programa calendarizado de inspección y vigilancia para hacer cumplir la primera fase de la normativa en los establecimientos mayores a 500 metros cuadrados que son la competencia de la autoridad estatal.
