La Iglesia Católica francesa concluyó este lunes la asamblea plenaria de su Conferencia Episcopal con un "mea culpa" por los casos de abusos sexuales denunciados, que desembocó en la presentación de un plan de reformas por el que prevén deshacerse de algunos bienes para indemnizar a las víctimas.
Su encuentro había comenzado el martes en Lourdes (sur de Francia) con la presión de dar respuesta a las decenas de miles de agresiones registradas desde 1950, que según una comisión independiente superan las 216,000 y llegan a las 330.000 si se incluyen las perpetradas por laicos que trabajaban en ámbitos religiosos.
"Hemos dejado desarrollarse un sistema eclesiástico que, lejos de aportar vida y fomentar la libertad espiritual, daña, pisotea y sacude a seres humanos y a sus derechos más elementales", dijo en el discurso de clausura el presidente de la Conferencia Episcopal, Éric de Moulins-Beaufort.
Admitida el pasado viernes la responsabilidad institucional de la Iglesia en lo sucedido, este lunes, en la clausura de la asamblea, fue el momento de anunciar medidas concretas para repararlo y evitar que se repita.
INDEMNIZACIONES CON FONDOS PROPIOS
Los obispos ya habían empezado a transferir de forma voluntaria parte de sus cotizaciones al fondo de indemnización operativo desde principios de octubre, pero la magnitud del problema les hizo hoy admitir que necesitan recurrir a otras fuentes.
No precisaron la cuantía global estimada, pero apuntaron que se desharán de bienes, que solicitarán un préstamo en caso de que sea necesario y que, aunque utilizarán sus propias reservas y no usarán las donaciones dadas por los fieles para otras misiones, sí están abiertos a contribuciones privadas.
La Conferencia decidió además pedir ayuda al papa para que les envíe un equipo con el que analizar la protección de los menores y pusieron a una jurista al frente de la nueva Instancia Nacional Independiente de Reconocimiento y Reparación.
La necesaria revisión del sistema pasará bajo la lupa de nueve grupos de trabajo, compuestos por laicos y religiosos, que se centrarán en las causas de las violencias sexuales, la formación de los futuros sacerdotes o su acompañamiento a lo largo de su misión.
El encuentro solicitó además la verificación sistemática de los antecedentes judiciales de todo agente pastoral, la participación de "al menos" una mujer en el consejo de cada seminario o la creación de un tribunal penal canónico que entrará en funciones en abril de 2022.
"Se ha cometido mucho daño y debe ser asumido para liberar a los que lo han sufrido y a nuestra Iglesia", añadió ante la prensa De Moulins-Beaufort.
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