Para evitar actos de extorsión y/o corrupción, la diputada local del Congreso del estado de Sonora, Brenda Córdova Búzani, propuso que este hecho se considere como una agravante dentro del Código Penal Del Estado y de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para Sonora, para que la sanción sea de 30 a 60 años de prisión.
La propuesta que presentó la legisladora, pide que se considere como falta administrativa grave el que una o un servidor público solicite dinero y obligue a otra u otro servidor público a hacer o dejar de hacer algo, como condición para que siga en su puesto, sin importar el área de gobierno, es decir, legislativo, ejecutivo o judicial.
La integrante de la bancada del Verde Ecologista de México en Sonora, expuso que para lograr esta iniciativa, se deben adicionar diversas disposiciones del Código Penal de Sonora y de la Ley antes mencionada.
“Debemos adelantarnos a hechos que pudieran presentarse, como integrantes de la Cuarta Transformación, no permitiremos actos de corrupción o extorsiones, ni cualquier otro delito por parte de servidoras y servidores públicos”, recalcó.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para citar a reunión en los próximos días, dijo, con el fin dar continuidad.
