La Coordinación de Medidas de Protección, área del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, no cuenta con presupuesto para su objetivo, que es garantizar la protección de los derechos humanos y contención al momento de una agresión o amenaza a este sector de la población.
Lo anterior lo reveló Judith Bernal Arellano, Directora General del Instituto, quien explicó su presupuesto anual es de 12 millones de pesos, del cual el 44% se destina a nómina y por ley, están obligados a brindar un fondo de ayuda social del 20%, situación que se complica ante la falta de presupuesto para el área antes mencionada.
Para atender el tema del presupuesto y sus deficiencias, Bernal Arellano solicitó una audiencia con el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y desde que tomó protesta el 26 de Julio de 2022, no se le ha atendido, lamentó.
Desde la aprobación de la ley que protege a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas el pasado 24 de mayo de 2022 y posterior a la creación del Instituto, se han atendido a 30 personas, entre periodistas y defensores de los derechos humanos, resguardando a 1 periodista y 3 familiares de un periodista. Bernal Arellano reveló que del total de personas atendidas, solo el 60 por ciento interpone la denuncia formal.
En todos los casos atendidos, los presuntos responsables de las agresiones y amenazas son servidores públicos que van desde policías, presidentes municipales y hasta secretarios de estado y en un porcentaje muy similar, también están los civiles en donde se incluye al crimen organizado.
Lamentó que la mayoría de las denuncias se quedan “estancadas” en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ya que tarda en llegar una resolución para los asuntos.
