Presentan en la mañanera la propuesta de reforma relacionada con la austeridad, tope de salarios de funcionarios públicos y eliminación de órganos autónomos.
La Secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde dijo que se está proponiendo estas medidas para regresar funciones a dependencias y ahorrar recursos para el fondo de pensiones.
En lo que tiene que ver con la austeridad republicana, dijo que la Constitución no contemplaba este concepto, destacó que en el 2019 se aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana, que ha permitido liberar fondos porque se acabaron los privilegios, se acabaron los gastos superfluos.
La propuesta se centra en establecer el principio de austeridad republicana en el artículo 134 constitucional, para que los recursos públicos se administren y ejerzan responsablemente.
En cuanto al tope de salarios de funcionarios públicos dijo que desde el 2009, el artículo 127 constitucional establece que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente, pero existen 2 mil 560 funcionarias y funcionarios federales que hoy violan este principio constitucional. 2 mil 377 pertenecen al Poder Judicial Federal y 182 pertenecen a cuatro órganos autónomos, en recursos públicos son más de 2 mil 264 millones de pesos que se concentran aquí, por lo que se está proponiendo que la propia Constitución establezca que ningún servidor público podrá ganar más que el presidente de la República, cuya remuneración no superará 73 veces el valor anual de la unidad de media de actualización, de la UMA.
Respecto a la eliminación de los órganos autónomos, mencionó que en las últimas décadas se han creado estos órganos constitucionales autónomos con funciones que antes estaban en las secretarías de Estado, proponen que se eliminen esas duplicidades, que se desaparezcan estos siete órganos autónomos o reguladores y que esas funciones regresen a las dependencias. También desaparecer 17 organismos descentralizados y desconcentrados para que formen parte de las dependencias hoy responsables.
Puso como ejemplo, el caso de COFECE que hoy cuesta 688 millones de pesos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones cuesta 1 mil 680 millones de pesos, la Comisión Reguladora de Energía, CONEVAL, MEJORADU.
