El pasado 21 de junio de 2024, en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), compuesta por las y los Fiscales Generales de Justicia de los Estados, así como Procuradores (as), y el Fiscal General de la República, se determinó por unanimidad, que debe preservarse la Soberanía Nacional y la Supremacía Constitucional, en su aplicación puntual, ya que de lo contrario se mermaría la autonomía del Estado Mexicano, su seguridad y la justicia penal en el país, al desconocer a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que es la que regula la existencia misma, así como las atribuciones de la propia Suprema Corte.
Resolver en contra de la Constitución, permitiría que alrededor de 60 mil personas sujetas en todo el país a procesos por delitos de feminicidio, homicidio, secuestro, delincuencia organizada y otros graves, obtengan su libertad procesal lo que implicará que la sociedad quedará expuesta a graves riesgos, principalmente las víctimas, testigos y servidores públicos que intervienen en cada caso, ya que es frecuente que los procesados que quedan en libertad atenten contra quienes los han señalado, se evadan o vuelvan a delinquir de lo cual, se cuenta con un gran número de casos.
Asimismo, concluyeron que es indispensable, prioritario y obligatorio cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, frente a los efectos nocivos de la liberación masiva de imputados.
