El Secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, señaló que “hubo falta de definición y armonización que generó una crisis administrativa entre Liconsa, Diconsa y Segalmex.
De las fiscalizaciones de 2019 y 2020, se detectó un posible daño patrimonial de 9 mil 500 millones de pesos, sin embargo, se aclararon y recuperaron 4 mil 700, de los 4 mil 800 millones restantes, 2 mil 100 mdp están en análisis y 2 mil 700 no fueron aclarados, por lo que fueron presentadas 156 denuncias, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, enriquecimiento ilícito y captación indirecta de recursos.
Un total de 955 millones de pesos que fueron recuperados, fueron invertidos de manera ilícita en bonos bursátiles. Por lo que también se presentaron denuncias penales.
Grisel Galiano García, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, señaló que ya han sido investigadas 47 personas y se han girado 26 órdenes de aprehensión, 17 son particulares y 9 funcionarios públicos, todos detenidos.
