Integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa se manifestaron este jueves en el Congreso del Estado para exigir la intervención de los diputados ante las presuntas amenazas de retención salarial en contra de empleados y jubilados que decidan interponer demandas legales contra la institución por la reingeniería financiera.
Florina García Borges, presidenta estatal de Jubilados de la UAS, denunció que el Consejo Universitario ha perdido legitimidad y seriedad, al asegurar que las sesiones recientes se han desarrollado con la presencia de personal no facultado, alumnos acarreados y trabajadores re-contratados.
“Ya no hay respeto; se perdió toda la honorabilidad que tenía antes el Consejo. Hoy solo se aprueban acuerdos con línea política”, expresó.
Los manifestantes sostuvieron que la propuesta de retener el salario a quienes recurran a instancias legales es inconstitucional y violatoria de los derechos humanos, además de representar un acto de represión hacia quienes disienten de las políticas administrativas del rectorado.
“Estamos aquí porque hay jubilados enfermos, matrimonios que dependen de su salario para comprar medicinas, y no es justo que se amenace con dejar sin comer a quienes solo buscan justicia”, reclamó uno de los integrantes del frente.
El movimiento exigió que el Congreso del Estado investigue la legalidad de los acuerdos tomados por el Consejo Universitario, los cuales afirmaron, se realizaron en contravención de la Ley Orgánica de la UAS aprobada en 2024, que establece la elección democrática y secreta de los directores y consejeros.
Además, denunciaron presuntas irregularidades financieras en la gestión universitaria, entre ellas el otorgamiento de préstamos de hasta 15 mil pesos a más de 20 mil trabajadores, lo que habría representado un gasto superior a 400 millones de pesos.
Los manifestantes advirtieron que continuarán con movilizaciones y acciones legales para impedir la aplicación de la medida y demandaron transparencia en el manejo de los recursos y en los procesos internos de la universidad.
“El rector y el Consejo Universitario deben entender que la UAS pertenece a todos, no a un grupo político. No vamos a permitir que se castigue a quienes defienden sus derechos”, concluyeron.
También denunciaron reprensión contra jóvenes estudiantes, al manifestarse en contra del llamado cobro por uso de clínica: los estudiantes afirman que cuando deben utilizar materiales del servicio clínico universitario les cobran 600 pesos. La situación fue llevada hasta la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde se emitió una resolución en la que señala que se enviará una visitadora para verificar que se respeten los derechos de los jóvenes.
Según testimonios, durante una manifestación este miércoles, una joven que participó en la protesta fue encerrada durante una hora y media en un espacio cerrado sin poder manifestarse, fue su padre quien tuvo que acudir y exigir se liberación. Además, fue sustraída la bocina utilizada para hacer las denuncias desde la voz de los estudiantes. Al exigir la devolución del equipo, se intimidó a personal.
“Casi me dicen que sí me van a regresar la bocina, pero que por favor no me manifieste”, declaró.
Agregó que el cobro se hace únicamente en efectivo, sin opción de transferencia bancaria o depósito, y sin emitir un recibo detallado. Tampoco se da información clara sobre cómo se utilizan esos recursos, lo que para ellos, evidencia falta de transparencia.
