Los casos de ataques contra mujeres y feminicidios registrados en las últimas semanas en el sur de Sonora, provocaron reacciones escalonadas de organismos defensores de mujeres, hasta llegar a la carta pública que en conjunto firman 58 organizaciones de diferentes entidades del país, misma dirigida a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y a los alcaldes de San Ignacio Río Muerto, Cajeme y Bacum.
La carta difundida el 12 de noviembre va también dirigida al Instituto Sonorense de la Mujer y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El documento hace referencia a la muerte de Lizeth Aracely, profesora de danza del Instituto tecnológico del Valle del Yaqui y otros cuatro ataques sexuales previo al homicidio.
Justo el mismo 12 de noviembre se dio a conocer en medios de comunicación el hallazgo del cuerpo de Diana, en la comunidad de Tesia, Navojoa, habitante de Ciudad Obregón, desaparecida desde el 7 de noviembre, cuando por cuestiones laborales se dirigía a Los Mochis, Sinaloa.
En su Carta Pública, las redes defensoras de mujeres cuestionan la falta de actuación de parte de las autoridades del Estado, dado que desde el 27 de septiembre se registró la primera desaparición y ataque sexual en San Ignacio Río Muerto… y le siguieron tres más hasta llegar al caso de homicidio de Lizeth Aracely, sin que se hiciera nada para prevenir el incremento del número de víctimas.
“De haberse atendido eficazmente las denuncias podría haberse evitado este y otros hechos de violencia feminicida en la región del Valle del Yaqui”, acusa textualmente el documento.
La carta además, hace una serie de peticiones a la Gobernadora de Sonora… retirar de su cargo al Procurador del Estado, Rodolfo Arturo Montes de Oca Mena, instrumentar un Plan de Acción Urgente de Prevención de la violencia feminicida y ordenar una exhaustiva investigación de los cuerpos policiacos de los tres municipios colindantes, como pieza clave para las indagatorias, ante la falta de atención y la omisión en los protocolos de investigación de estos casos.
