Hace décadas lo escuchábamos o leíamos en los medios tradicionales de comunicación, ahora lo vemos casi todos los días en las redes sociales, ya no como una solicitud sólo de organizaciones no gubernamentales sino como reclamos individuales en cuentas personales: ¡FUERA ZEDILLO, SAQUEN A CALDERÓN, QUITEN A PEÑA NIETO! Son algunos de los mensajes que algunos mexicanos han estado divulgando por años.
Sin embargo, la crisis de confianza que enfrenta la figura presidencial ha ido en aumento y ha reventado con el incremento de la corrupción y las faltas a los derechos humanos, la ola de violencia provocada por el narcotráfico y la devaluación del peso ante el dólar.
Actualmente las peticiones para pedir que destituya al Presidente Enrique Peña Nieto son algo cotidiano pero ¿realmente se puede destituir al Presidente de México?
De acuerdo con el artículo 39 de la Constitución somos los ciudadanos quienes tenemos el poder para elegir a nuestros representantes públicos, y por lo tantos éstos deben proteger nuestros derechos y trabajar a nuestro beneficio.
“Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
Esto significa que, en teoría, nosotros deberíamos de poder solicitar un cambio de representante, en este caso el Presidente, si no estamos satisfechos con su desempeño o lo consideramos culpable de no proteger nuestros intereses ¿cierto? ¡Pues no! A pesar de que existe el juicio político como un instrumento de control del ejercicio del poder, éste no aplica para el Presidente de la República.
Además, en un juicio político los ciudadanos no participan directamente en la decisión de remoción, esta responsabilidad corre a cargo de los Congresos, las cámaras, tribunales, etc.
De conformidad con el artículo 108, el Presidente de la República sólo podrá ser acusado durante el tiempo de su encargo por traición a la patria y delitos graves del orden común. Situaciones que difícilmente llegarán a probarse, para muestra basta el caso del ex Presidente Gustavo Díaz Ordaz y la matanza de Tlatelolco, un ataque masivo orquestado por el gobierno que aún sigue rodeado de cierto misterio.
Así pues, México no cuenta con una figura jurídica constitucional para la revocación de mandato en el ámbito federal, cuyo instrumento empleado para llevarla a cabo se le conoce como referéndum: “la acción de someter algún acato importante del gobierno a la aprobación pública por medio de una votación”.
El estado de Chihuahua es el único que prevé la figura de revocación de mandato para sus candidatos elegidos mediante el voto como es el caso del gobernador, presidentes municipales y diputados, ésto a través de la Constitución Estatal y la Ley Estatal Electoral. Para que la revocación del mandato constituya a una destitución, se requiere una votación a favor superior al número de sufragios que el funcionario obtuvo para triunfar en las elecciones.
Lo que sí prevé la Constitución Federal es qué hacer en caso de que el Presidente de la República falte a sus funciones de manera “absoluta”, es decir en caso de fallecimiento o desaparición.
¿Entonces si el presidente se ausenta completamente podemos elegir a otro representante de manera electoral? Otra triste realidad. La respuesta es sí y no.
En el artículo 84 se establece que de suceder la “falta absoluta” del Presidente, el Secretario de Gobernación asumiría provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo, mientras el Congreso nombra un presidente interino. Si la falta sucede durante los primeros dos años de mandato entonces se convocaría a otra elección, pero de ocurrir en sus últimos cuatro años sería el Congreso quien designaría al sustituto que deberá concluir el periodo.
El actual presidente, Enrique Peña Nieto, va para su quinto año de gobierno, por lo que de sucederle algo nos podríamos enfrentar a una situación aún más insatisfactoria: la de un presidente elegido por una minoría, que aunque se supone representa al pueblo tristemente no salvaguarda ni sus derechos ni sus intereses.
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